Reforma de la Ley penal del menor II

Javier Navarro Algás. Gerente de Fundación Pioneros.

Pienso que en círculos profesiona­les se considera que la actual Ley es útil en la gran mayoría de los casos al destacar como uno de sus principios rectores el interés supe­rior del menor y combinar la res­puesta penal con la educativa. Por supuesto, también es mejorable en otros aspectos como, por ejemplo, la inmediatez en la aplicación de las medidas judiciales o un mayor uso de la mediación extrajudicial.

Me gustaría insistir en que abor­dar la cuestión desde un enfoque educativo no quiere decir restar importancia al delito o ignorar el sufrimiento provocado. Bien al contrario, creo que es necesario que los menores sean conscientes del daño que han causado a sus víctimas y que lo afronten con res­ponsabilidad.

Ahora bien, tan solo un porcentaje muy pequeño de los casos preci­san de un internamiento en centro cerrado y solo en contadas excep­ciones la gravedad y crueldad del delito son tales que trascienden a los medios de comunicación. Es por ello por lo que al plantearse una reforma de la Ley ha de re­flexionarse desde una perspectiva de conjunto y con el apoyo de da­tos contrastados.

Creo que está aceptado que la cár­cel, pese a las ingentes cantidades económicas invertidas en ella y al esfuerzo de muchos funcionarios de prisiones y otros profesionales y voluntarios que intervienen en ella es, como respuesta reeducativa, un fracaso. Por ello debiéramos poner mucho cuidado en que un modelo que no funciona en adultos inspire la manera de hacer las cosas con los menores.

Así, medios de comunicación es­critos y audiovisuales han puesto de manifiesto actuaciones con me­nores que deben ser cuestionadas porque están lejos de ser educati­vas. Ente ellos, el programa “Docu­mentos TV: Menores y guardianes”, producido por Televisión Española, el corto “La Tama”, galardonado por Telemadrid o el informe del Defen­sor del Pueblo.

El hecho de que muchos menores con medida judicial provengan del fracaso escolar y un buen número hayan pasado por instituciones de protección debe conducirnos a formular nuevas propuestas de actuación si queremos mejorar. Y a plantearnos qué modelo de socie­dad estamos construyendo ya que cada vez hay más jóvenes que no encuentran su espacio en ella.

Muy a menudo exigimos integra­ción y responsabilidad a menores que tienen que hacer frente en soledad e ignorancia a todo un universo de desprotección emo­cional, económica y de medios de promoción social, a veces en entornos de negligencia, permisi­vidad e incluso maltrato. También exigimos a las familias compro­miso cuando no han recibido ni la educación ni las herramientas para poder llevarlo a cabo. Y no solemos preguntarnos qué ex­perimentaríamos como padres si nuestra hija o hijo cometiese un delito.

Finalizo insistiendo en la misma idea que cerraba la primera par­te: El reto consiste en buscar con­sensos a partir de experiencias y modelos educativos exitosos asumiendo nuestra parte de res­ponsabilidad en el problema. Y la meta, proponer respuestas efica­ces y justas que respeten nuestra dignidad como sociedad.