José Ignacio Macías
Heras. Educador de Fundación Pioneros.
Parece lógico pensar que la labor de los políticos debe de
ser la de procurar que las Administraciones faciliten las mejores condiciones
para que la sociedad se desarrolle de la manera más eficiente.
Los esfuerzos realizados en educación retornan a la
sociedad con los años, y nos beneficiamos todos los ciudadanos, toda la
sociedad. Es una visión a largo plazo, pero que requiere actuar en el presente
para sentar las bases. Es preciso que ciudadanos responsables, con altura de
miras, entregados al bienestar común, filántropos, tomen estas decisiones tan
necesarias para una sociedad.
Ahora asistimos a la nueva situación generada por recortes,
donde se está dificultando el acceso a la educación de los más desfavorecidos,
como siempre. Las condiciones de los estudiantes van a ser más desfavorables,
así como las de los profesionales de la enseñanza, con más horas lectivas y más
alumnos por aula. Esto va a implicar un descenso claro en la calidad de la
enseñanza, matrículas, materiales y libros más caros, ratios mayores; difícil
será encontrar argumentos que defiendan lo contrario. Si las condiciones
empeoran solo quedaría creer en lo divino.
Lamentablemente las prioridades de los políticos que tienen
en sus manos cambiar esto se miden en cuatrienios o múltiplos.
Por lo tanto es previsible augurar nuevos desajustes en el
sistema educativo, desajustes que provocarán inadaptación, y que a su vez
trataremos de corregir recetando más educación social.
El objetivo último y utópico de los profesionales de la
educación social debe de ser el de desaparecer, que no sean necesarios “aditamentos
alternativos” para aquellos ciudadanos que no caben en el estrecho sistema
educativo formal, reformulado cada cuatro años en función del color de la
bandera política de turno.
El objetivo de la educación en general es que el sistema
sea lo suficientemente adaptativo para que todos quepan dentro, y esa diversidad
nutra la sociedad.
Pero gracias a esta crisis y a sistemas caducos, se querrá
compensar los futuros desajustes con educación social, economía social, justicia
social, participación social. Los educadores sociales vamos a tener mucho
trabajo en el futuro y seguramente peor remunerado, puesto que la realidad
está expulsando del sistema a los ciudadanos a patadas.
¿Y si pedimos solamente EDUCACIÓN, ECONOMÍA, JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN?
Eso sí, de calidad.
En este sentido llega la hora de que las organizaciones
sociales adquieran un papel supervisor de la realidad para hacer oír su voz y
prevenir desajustes mayores, que salvaguarden los derechos de los ciudadanos
más sensibles a la nueva y amenazante situación en la que vivimos. Estas
organizaciones tienen que ser valientes y denunciar las posibles injusticias
que se puedan generar.
Llega el momento en que todas las organizaciones de una
comunidad pequeña como la nuestra vayan de la mano, porque es más lo que
compartimos que lo que nos diferencia. Porque trabajamos con gente que tiene
menos recursos de todo tipo, los primeros a los que golpea una crisis, porque
confían en nosotros para engancharse al tren de una vida digna. Eso está por
encima de otras consideraciones y si no lo logramos habremos perdido nuestra
razón de ser.
