viernes, 6 de junio de 2014

Un plan integrador para la familia

Javier Navarro Algás, gerente de Fundación Pioneros

El día 5 de abril de 2013 el Conse­jo de Ministros aprobó el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, hecho que pasó bastante desapercibido en los medios de comunicación, lo cual equivale prácticamente a decir que para la sociedad en general.
El Plan refleja un laborioso trabajo de diseño, recogida de información y coordinación de muchos agentes, entre los que se citan al Observato­rio de la Infancia, Defensor del Pue­blo, Comité de Derechos del Niño, Fiscalía General del Estado y Minis­terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y tiene como principios normativos la Convención sobre los Derechos de la Infancia y diversas recomendaciones de organismos internacionales.
Destaca en el documento la pers­pectiva holística que integra servi­cios sanitarios, educativos, vivien­da, entorno favorable, y un marco conceptual que insiste en derechos, responsabilidades y obligaciones, en el enfoque de derecho y en la promoción de un pacto educativo nacional.
El documento desgrana otras lí­neas de trabajo como disponer de unos medios de comunicación de calidad y la regulación de los con­tenidos a los que acceden los ni­ños y niñas a través de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías; la potenciación de las soluciones familiares frente a las institucionales, y las permanentes frente a las temporales; el principio de participación que se traduce en el derecho de todos los niños a ser escuchados y recibir la información adecuada a su edad para poder ex­presar opiniones fundadas con co­nocimiento de causa; la necesidad de fomentar estilos parentales y educativos que propicien el diálogo y la participación desde las prime­ras etapas de la vida, pasando por la participación escolar y municipal; la cooperación y coordinación de los distintos agentes implicados en garantizar, promover y defender los derechos y responsabilidades de la infancia y adolescencia.
Quizá la ambición teórica del docu­mento contrasta con las dificultades para gestionar eficazmente las me­didas propuestas. Es un lugar co­mún que en España se legisla muy bien, aunque después esas leyes no se cumplan en la misma manera.
El Plan expresa que se precisa una traducción presupuestaria de las líneas de trabajo propuestas, y se­ñala que en momentos de crisis económica es necesario subrayar la importancia que tiene la inversión en infancia porque es la que presen­ta mayores efectos positivos, que invertir en infancia es fundamental para romper el círculo de la pobreza y reducir las desigualdades existen­tes en una sociedad.
Por ello recomienda reforzar el sis­tema de prestaciones familiares, con especial atención a las familias monoparentales, las que tienen muchos hijos y aquellas cuyos pa­dres están desempleados. Señala que el gasto social en protección familiar en España sigue siendo uno de los más bajos en la Unión Euro­pea y que las cifras de pobreza re­lativa y de pobreza infantil son muy preocupantes en nuestro país.
Pienso que los diferentes agentes in­volucrados directamente en educa­ción -padres, profesores, educado­res, trabajadores sociales, médicos, etc.- tenemos el reto de establecer alianzas, trabajar en redes, ofrecer diagnósticos acertados, establecer consensos en las medidas a aplicar. Y los responsables institucionales -técnicos y políticos- de escuchar a la sociedad civil y actuar con pers­pectivas a medio y largo plazo.
Trabajar con niños, adolescentes y jóvenes nos mantiene en contacto con la vanguardia de lo que sucede en la sociedad y con el futuro más próximo. El poco compromiso con el mundo adulto que en ocasiones les reprochamos, su apatía y rebel­día bien podría ser una respuesta a un modelo de sociedad que no se fundamenta en valores.

Si además consideramos la urgen­cia del momento que la sociedad atraviesa, este Plan me parece una magnífica oportunidad para parti­cipar y ejercer nuestra responsabi­lidad social, respondiendo al impe­rativo ético y comunitario presente en cada persona.

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